Mayores incentivos a la contratación o al autoempleo, cursos de formación, unidades específicas de orientación, primera traducción española del Quijote al lenguaje de signos,…. Son muchas las medidas que a lo largo de la legislatura hemos impulsado para mejorar la integración laboral de las personas con discapacidad. Pero queríamos ir más allá, con un refuerzo de estas iniciativas, creando un plan específico que elevase su tasa de actividad, su vinculación con el SAE y la concienciación de las propias empresas.
Hoy tenemos un proyecto pionero en España, que recoge 35 objetivos y 127 medidas, con una inversión por parte de la Junta de 414 millones de euros. Con ello, pretendemos llegar a 133.500 andaluces, cifra que supone el 67% de las personas que sufren algún tipo de discapacidad y que pueden acceder al mercado de trabajo. Por supuesto, daremos prioridad a los 76.700 andaluces (no inscritos como demandantes de empleo) que desconocen sus posibilidades reales de llevar una vida laboral en igualdad de condiciones.
El plan contará con seis áreas. La de mayor peso será la denominada de Acceso y Permanencia en el Empleo, con una inversión prevista de 357,43 millones de euros, y que recoge, entre otras iniciativas, programas para potenciar los Centros Especiales de Empleo (empresas que cuentan en sus plantillas con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad); incentivos a la contratación de hasta 12.000 euros; creación de agentes de intermediación laboral entre empresas y trabajadores; planes formativos específicos con compromiso final de contratación, e instrumentos para garantizar la adecuada difusión de ofertas de trabajo entre el colectivo.
Como novedades, se reservará un 5% de las plazas del programa de Escuelas Taller para personas con discapacidad y se reforzarán los planes especiales de la Inspección de Trabajo y las campañas informativas para que las empresas de más de 50 trabajadores alcancen una cuota de un 2% de acceso del colectivo a sus plantillas. Asimismo, se culminará el desarrollo reglamentario de la normativa específica de ingreso, promoción interna y provisión de puestos de trabajo para las personas con discapacidad en la función pública.
En cuanto al Área de Apoyo a la Iniciativa Empresarial, presupuestada en 21,01 millones de euros, con este bloque hemos querido aglutinar las medidas que van desde las ayudas y microcréditos para constitución como autónomos a la prestación de asistencia técnica, la agilización de trámites y las acciones para facilitar el acceso a las empresas de economía social.
El plan cuenta además con un capítulo dedicado a Educación, dotado con 8,10 millones de euros, que incluye la implantación de programas especiales de entrenamiento en tecnologías de la información y la comunicación, la creación de la figura del ‘acompañante de apoyo’ para los universitarios con discapacidad, el desarrollo de software específico para facilitar la comunicación del alumnado y el establecimiento de planes tutoriales para facilitar el tránsito desde la enseñanza secundaria obligatoria hacia estudios superiores.
Pero no sólo queremos facilitar la formación y la incorporación al trabajo de estas personas, sino también mejorar la calidad de sus puestos de trabajo, a través del Área de Adecuación del Entorno Laboral. Con un gasto público de 2,38 millones de euros, este bloque recoge iniciativas como ayudas a empresas para adecuación de instalaciones y eliminación de barreras arquitectónicas o el impulso a la introducción de cláusulas específicas en los convenios colectivos para garantizar condiciones de trabajo adecuadas.
Además de estas cuatro áreas, el plan incluye dos áreas de carácter transversal con medidas que se aplicarán en toda la estrategia. La primera de ellas, denominada Coordinación, Movilización y Participación de los Agentes, cuenta con un presupuesto de 15,57 millones de euros y, entre otras previsiones, recoge la firma de acuerdos con empresas, el estudio de la discapacidad como materia universitaria relevante en el currículum académico y la concesión de incentivos a la investigación. La segunda área de carácter transversal, presupuestada en 9,89 millones de euros, se centra en dar prioridad en todas las medidas a las mujeres, a la población rural y a las personas con discapacidad intelectual o enfermedades mentales.
Con estas líneas estratégicas, la Consejería de Empleo pretende mejorar los niveles de inserción de los colectivos con discapacidad para, en definitiva, mejorar su calidad de vida y lograr la igualdad real en el mercado de trabajo. Para ello, hemos contado con el apoyo de toda la Junta (en el plan participan cinco consejerías) y de los propios agentes sociales, además de los principales representantes andaluces de estos colectivos. Por eso, confiamos en que se convierta, de aquí a 2013, en un verdadero instrumento de apoyo a la plena integración laboral y social. Estamos seguros de ello.
